Se busca una Biblioteca Nacional: una aproximación a la política pública cultural en bibliotecas

En este laberinto de la vegetación más gigante de la tierra, en esta especie de regiones suboceánicas, donde por maravilla penetran los rayos del Sol, y donde sólo por las aberturas de los grandes ríos se alcanza a ver en largas fajas el azul del cielo, se hallan maravillosos dechados en que pudieran buscar su perfección las artes que constituyen el orgullo de los pueblos cultos: aquí está diversificado el pensamiento…”  Juan León Mera, Cumandá (1879)

La Casa de la Cultura Ecuatoriana ‘Benjamín Carrión’ ha sido durante décadas el mayor referente de la gestión cultural en el Ecuador, desde su creación en 1944 es la institución cultural por excelencia en el imaginario social. Por ello, cuando apareció por primera vez un Ministerio de Cultura en el país hace catorce años se generó tanto ruido en su configuración institucional y una disputa silenciosa en el ecosistema de la cultura nacional.

Pero, mucho antes, entre el ocaso del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX se gestó una institución que aun cuando ha carecido del reconocimiento oficial se ha erigido como una de las más importantes para la preservación de la memoria bibliográfica y documental de la nación. Y desde luego, estamos hablando de la Biblioteca Nacional.

Breve reseña histórica

La que inició el 25 de mayo de 1792 como la primera Biblioteca Pública de Quito (Vásquez Hahn, 2005; Paladines, 2012; para todo el contenido histórico), de la mano del intelectual y prócer quiteño Eugenio Espejo, y que estuvo conformada por cerca de 20.000 volúmenes que pertenecían a los jesuitas desterrados y a sus librerías (término utilizado en la época para referirse a las bibliotecas) de las ciudades de Ambato, Riobamba, Latacunga e Ibarra.

La que posteriormente se fraccionó a inicios del siglo XIX junto a la biblioteca de la naciente Universidad Central (antes, Universidad Santo Tomás de Aquino) y que en el comienzo de la era republicana fue bautizada por el presidente ilustrado Vicente Rocafuerte como ‘Biblioteca Nacional’ en su informe a la nación de 1838.

La que luego del terremoto de 1859 se incorporó temporalmente a la Universidad y que con la reconstrucción de su local tres años más tarde fue encargada por el presidente García Moreno a los padres jesuitas. La misma que en 1883 por decreto se fusionó nuevamente con la biblioteca de la Universidad Central y que después bajo la administración de la Academia Ecuatoriana de la Lengua a comienzos del siglo XX fue disgregada una vez más.

La que estuvo desde siempre en el centro histórico de Quito y que funcionó durante media centuria (1922-1972) en un edificio propio llamado Coliseum (López Molina, 2018) [del que muchos ciudadanos quiteños guardan muy buenos recuerdos] que lamentablemente fue demolido, y que dio paso al funcionamiento de la Biblioteca en la antigua sede del Banco Central por al menos una década. Tiempo en el que con el nacimiento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) y alguna intermitencia en su dependencia institucional con el Ministerio de Educación, pasó finalmente a ocupar desde 1983 uno de los espacios del famoso edificio de los Espejos en la CCE.

Desde ese momento y hasta por lo menos los tres primeros lustros de este siglo XXI la Biblioteca Nacional fue reconocida por la ciudadanía más como la Biblioteca de la CCE que como una entidad de relevancia nacional para la cultura, generando un “agradable problema de identidad” institucional. Su histórica inestabilidad acompañada del aparente desconocimiento estatal acerca del rol social que debe cumplir la más importante de las bibliotecas gubernamentales (IFLA, 2011) de cualquier país del mundo y la existencia de otras bibliotecas patrimoniales (como la de carácter privado levantada por el prolífico sacerdote jesuita quiteño Aurelio Espinosa Pólit), desplazó por mucho tiempo a la Biblioteca Nacional del Ecuador de la esfera pública. Situación que cambió ampliamente cuando fue promulgada la Ley Orgánica de Cultura (LOC) en diciembre del año 2016.

Biblioteca Nacional en el edificio Coliseum. San Blas, Quito (1968)

Fuente: Los Ladrillos de Quito

 

Marco legal vigente

No es nuestra intención hacer un análisis exhaustivo de la normativa legal vigente, desde esta ventana ya anteriormente se ha revisado la legislación sobre las bibliotecas en el Ecuador. Sin embargo, es importante señalar algunas apreciaciones.

La LOC y su Reglamento (publicado en registro oficial en junio de 2017), por primera vez en esta era republicana, le dan a la Biblioteca Nacional una plataforma institucional y una oportunidad excepcional para visibilizar a las bibliotecas en todo el país.

Por una parte, la LOC da un concepto amplio de las bibliotecas, devuelve -como debe ser- la responsabilidad a la Biblioteca Nacional de ser el depósito legal de las publicaciones nacionales (art. 39), define la existencia de una Red de Bibliotecas (art. 40) y apunta al rol que debe cumplir el ente rector para dictar la política pública en la gestión y el desarrollo de las bibliotecas (art. 41). 

Y por otro lado, el Reglamento General a la LOC destaca la función rectora del Ministerio de Cultura y Patrimonio para desarrollar una tipología de bibliotecas para el país (art. 34), define a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo así como sus funciones y atribuciones, destacando nuevamente la potestad del ente rector para emitir normas técnicas (art. 35), da una primera aproximación del procedimiento para gestionar el Depósito Legal (art. 36) así como también para la conformación de la Red Nacional de Bibliotecas (art. 37), y busca establecer ciertos parámetros para la implementación de “la estantería abierta y el préstamo a domicilio” (art. 38).

No obstante, de ambos instrumentos legales se hace indispensable resaltar un componente de la Ley que no por estar fuera del articulado deja de tener valor. Se trata de la Disposición Transitoria Primera de la LOC, que reza así:

En un plazo de 120 días de promulgada la presente Ley, el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, el Archivo Histórico Nacional, la Corporación Ciudad Alfaro, y los demás repositorios del Gobierno Nacional pasarán a ser administrados por el ente rector de la Cultura y el Patrimonio, manteniendo, su unidad e integridad, de acuerdo a las disposiciones contenidas en esta Ley y el Reglamento correspondiente”. (Resaltado y subrayado propio).

Más allá de que evidentemente no se cumplió con el plazo mencionado, este es un párrafo fundamental en la narrativa de este post y sobre el cual volveremos más adelante.

La LOC y su Reglamento, además, permitieron que la nueva entidad operativa desconcentrada (EOD) del Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo (BNEE), fuera tomando vida institucional propia. Es así como mediante Acuerdo Ministerial Nro. DM-2018-154 de agosto de 2018, el ente rector acuerda aprobar y expedir el “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de las Bibliotecas Administradas por el Ente Rector de la Cultura y Patrimonio”, en el que se establece el direccionamiento estratégico, los procesos y la estructura institucional de la Biblioteca Nacional, e incluso se le categoriza como “Biblioteca Nuclear” de la Red Nacional de Bibliotecas. Asimismo, se declaró como EOD del MCYP a la BNEE mediante Acuerdo Ministerial Nro. DM-2018-176 de septiembre del mismo año.

Exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, anterior sede de la BNEE (2020). Fuente: Archivo personal.

Transición institucional

El proceso de transición institucional de la Biblioteca Nacional, en su paso desde la CCE al MCYP, ha sido engorroso, traumático, agotador. Por decir lo menos. Y lo decimos en presente continuo, precisamente porque aún no acaba.

Desde finales de 2018 cuando se convertía en noticia la forma rudimentaria en que se aplicaban las medidas de conservación al fondo antiguo (Flores, 2018), por la inexistencia de un presupuesto digno para la Biblioteca Nacional, ya los funcionarios responsables del ente rector comenzaban a dar las primeras señales acerca de la autonomía administrativa y financiera con que gozaría la nueva BNEE. Mientras tanto, el equipo bibliotecario levantaba un inventario técnico de las colecciones que conforman el fondo bibliográfico, hemerográfico y documental para iniciar el traslado físico al año siguiente.

Para el cierre del primer trimestre de 2019 la Biblioteca Nacional frente a la ausencia de un inmueble idóneo comenzó a funcionar administrativamente en el edificio Contempo, en las calles Amazonas y Luis Cordero en el centro norte de Quito, desde este espacio -por ejemplo- se gestó la firma del convenio con el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) para la administración del Depósito Legal de textos impresos publicados. Fue un tiempo de críticas por parte de grupos de interés del sector editorial al porcentaje y la cantidad de ejemplares que establece la LOC y su Reglamento para la entrega del depósito legal (Flores, 2019a). No obstante, de esa manera comenzó a cumplirse lo dispuesto en la Ley y a reconstituirse el desarrollo de las colecciones contemporáneas.

En abril de ese mismo año la BNEE participó junto a la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas como coanfitriona del XX Consejo Intergubernamental del Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas (Iberbibliotecas) celebrado en Quito. Ya la Biblioteca Nacional desde el año anterior venía desempeñándose como punto focal Ecuador (REPPI) ante Iberbibliotecas, programa que coordina el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) desde su Unidad Técnica. La participación del país en este programa regional se convirtió en el primer paso y prácticamente el único para materializar la integración de los bibliotecarios y de las bibliotecas públicas y comunitarias (de acuerdo a la definición de la IFLA/UNESCO) a la naciente Red Nacional de Bibliotecas.

Avanzaba el 2019 y no había señales claras acerca del nuevo espacio que ocuparía la Biblioteca Nacional. La estructura organizacional se vio fuertemente afectada cuando desde una orden superior se desmembró a la entidad de casi todo su equipo adjetivo, lo que comprometió seriamente la continuidad de la institución. Frente a este desafío y la evidente escasez de inmuebles el MCYP llegó a considerar la posibilidad de ubicar a la BNEE en el centro histórico (Flores, 2019b); sin embargo, no fue sino hasta septiembre cuando trascendió que se había logrado un acuerdo con el Municipio de Quito (Flores, 2019c) para que la Nacional funcionara finalmente en un espacio con todas las facilidades técnicas, sin tener aún una fecha precisa para su reapertura pero ya con el elemento esencial para avanzar en la etapa de transición: un edificio (Flores, 2019d).

Fue así como el 04 de diciembre de 2019 el MCYP y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito firmaron un convenio de cooperación interinstitucional (Flores, 2019e) para el funcionamiento de la BNEE, por los próximos veinte años y con opción a renovación, en el edificio patrimonial Antiguo Hospital Eugenio Espejo (en el que existió un centro de convenciones). Acción que marca un hito en la historia de la Biblioteca Nacional, al contar por primera vez con un espacio propio siendo al mismo tiempo una entidad con autonomía administrativa y financiera. Muy a pesar de las penurias burocráticas y presupuestarias con las que nació la EOD.

Pero, como es de conocimiento de todos, el inicio del año 2020 sorprendió al mundo con una pandemia. Justamente, luego de haber comenzado en marzo el proceso de fumigación y conservación preventiva de las colecciones de la BNEE en los espacios de la CCE para iniciar los procesos de verificación y traslado del fondo bibliográfico, hemerográfico y documental de la Biblioteca Nacional, las actividades se paralizaron debido a la emergencia sanitaria causada por la Covid-19. Situación que obligó a reajustar todos los cronogramas (Flores, 2020a) y postergar todo lo planificado (Garcells Cordón, 2020a).

En medio de la pausa obligada por el confinamiento generalizado y el estado de excepción decretado surgieron múltiples iniciativas, una de ellas fue la instalación en los nuevos espacios de la BNEE de un centro de reparación de respiradores médicos (Carvajal, 2020) y de desarrollo de un prototipo de un respirador de emergencia. El grupo de biomédicos voluntarios  denominado “Yo no me rindo” logró reparar entre los meses de marzo y agosto de 2020 más de 50 equipos y presentaron el primer prototipo ecuatoriano de ventilador de uso clínico, que sirvió para dotar algunos centros de salud en todo el país en la lucha contra la Covid-19. Asimismo, en el mes de julio el parqueadero de la Biblioteca Nacional funcionó como un gran laboratorio móvil para realizar pruebas de Covid-19 a la ciudadanía, pacientes y personal médico en un esfuerzo mancomunado producto de una alianza público-privada.

De esta manera, el edificio patrimonial construido a inicios del siglo XX, que funcionó como hospital civil entre 1933 y 1994 (Mosquera, 2016), albergó una vez más a profesionales de la salud en sus pabellones. Podría decirse que antes de ocupar sus nuevos espacios con todo su patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental, la Biblioteca Nacional del Ecuador ayudó a salvar vidas.

Pero la pandemia también profundizó la crisis financiera que ya venía arrastrando el país, los recortes presupuestarios no se hicieron esperar en toda la administración pública y muchos de los recursos fueron priorizados para la emergencia sanitaria nacional. Afortunadamente, y gracias a un convenio interinstitucional entre el MCYP y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en el mes de julio de 2020 se logró la contratación del servicio de mudanza de los bienes culturales de la BNEE a su nuevo espacio. Iniciándose así en el mes de agosto -y luego de reiteradas solicitudes a las autoridades de la CCE- la verificación y posterior traslado del Fondo Jesuita (Flores, 2020b), la colección más antigua de la Biblioteca Nacional.

Muchas veces se ha dicho que la cultura no genera votos, por lo que muy pocas veces se observa a los políticos hacer campaña electoral o buscando siquiera el mínimo rédito político con una gestión cultural. Y aún menos con las bibliotecas (la llamada “última rueda del coche”) como trampolín. Es así en buena parte de Latinoamérica. Sin embargo, y aparentemente, los asesores de turno estaban convencidos de que la nueva Biblioteca Nacional podría levantar en alguna medida el precario nivel de aceptación del presidente e impulsar la candidatura nacional del entonces ministro de la cultura y el patrimonio.

Así fue como contra todo pronóstico y acelerando los cronogramas originales y los complejos procedimientos técnicos de movilización de los bienes culturales, se logró trasladar e instalar con el acompañamiento del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) el Fondo Jesuita en tiempo récord. Y en un acto oficial el gobierno nacional realizó la “reapertura” (comillas propias) de la BNEE (Criollo, 2020) el 24 de septiembre de 2020, cuando siete de sus ocho colecciones aún se encontraban en la CCE. Evento que fue duramente cuestionado (Salgado, 2020) por un sector de los gestores culturales y bibliotecarios del país. Incluso, días después el MCYP se vio en la obligación de emitir un comunicado oficial para esclarecer el hecho de que el traslado de la Biblioteca Nacional continuaba.

Rescatamos las últimas líneas de dicho comunicado, que destaca una de las grandes verdades de ese proceso:

“(…) la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo está en el mejor lugar y está administrada por un equipo técnico altamente capacitado que garantizará tanto la preservación de los bienes con valor histórico como una renovada atención al público, con lo cual se asegura el acceso democrático al conocimiento” (subrayado propio).

El último trimestre del 2020, a pesar de las diversas dificultades en especial por la pandemia, transcurrió con algunos avances en la nueva sede de la BNEE: con la instalación del Fondo Jesuita se inauguró la exposición “Tintas del siglo XV en la Biblioteca Nacional” con la que efectivamente se abrieron las puertas al público, también se realizó la transmisión en línea de la rendición de cuentas 2019, con el traslado y reinstalación de la Hemeroteca Antigua, la Hemeroteca Nacional Contemporánea y del Fondo Ecuatoriano Republicano I (FER1) comenzó a expandirse la oferta de servicios a la ciudadanía, y para cerrar el año se presentaron eventos virtuales con especialistas en el área de biodeterioro y conservación preventiva y con las buenas prácticas bibliotecarias del Ecuador que ha dejado el programa Iberbibliotecas.

El inicio del 2021 estuvo marcado por los nuevos aires de cambio político. Mientras se desarrollaba por una parte la contienda electoral nacional para elegir al nuevo presidente de la República y por otro lado se disputaban las direcciones de las sedes provinciales de la CCE (Flores, 2021a) y la presidencia de la sede nacional (Flores, 2021b), respectivamente, las labores técnicas de verificación y traslado de las colecciones de la BNEE en la Casa de la Cultura no tuvieron mayores avances. Al cierre de esta publicación se pudo conocer extraoficialmente que, luego de varias insistencias a las autoridades salientes, en los últimos meses se lograron movilizar a la Biblioteca Nacional las colecciones de Audiovisuales y Mapoteca. Quedando únicamente por trasladar las Colecciones Especiales y el Fondo Ecuatoriano Republicano II (FER2), que debieran movilizarse íntegros de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la LOC; y por migrar la base de datos del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) y la Biblioteca Digital Nacional (ambos, aún bajo el dominio de la CCE), para completar la larga transición.

Exteriores del edificio antiguo Hospital Eugenio Espejo, actual sede de la BNEE (2020)

Fuente: Flickr MCYP

Se busca una política pública

Queda más que claro en la LOC que el ente rector de la cultura y el patrimonio, el MCYP, tiene la inmensa responsabilidad de formular, ejecutar, monitorear y evaluar las políticas públicas (art. 8, 25 y 26) en el marco del Sistema Nacional de Cultura (SNC). Y en lo que respecta a bibliotecas el Subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural (art. 28 y subsiguientes) tiene encomendada esta enorme tarea, junto a las áreas de archivos y museos. Sin embargo, a casi cinco años de haber entrado en vigencia la Ley esta ha sido la gran deuda con todo el sector cultural. Si de algo adolece la gestión cultural en el Ecuador es de una política pública.

En el libro “Trabajadores de la cultura: Condiciones y perspectivas en Ecuador” (2021) publicado por el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes (ILIA) de la Universidad de las Artes del Ecuador y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), existe una serie de análisis, ejemplos, reflexiones, conclusiones acerca del estado de las políticas públicas culturales en el país. Jéssica Zambrano, periodista cultural independiente, al relatar el contexto de la entrada en vigencia de la LOC y la necesidad de ordenar al sector y gestionar políticas públicas desde el SNC, señala:

A pesar de que ha existido un aparato político y legal de institucionalización de la cultura, la construcción de públicos y la informalidad económica son aspectos con los que aún se enfrenta el sector cultural para su supervivencia y fortalecimiento, pues estos obstáculos frenan la posibilidad de que existan aquellas ‘condiciones óptimas’ para el ejercicio de los derechos culturales…” (Zambrano Alvarado, 2021, p. 42).

Como lo hemos mencionado al hablar del marco legal vigente de la Biblioteca Nacional, tanto la LOC como su Reglamento apuntan al ente rector de la cultura y el patrimonio como el gran artífice para dictar las políticas públicas e incluso emitir normas técnicas, objetivos, lineamientos, normativas, reglamentación técnica, etc. La única excepción la establece el artículo 35 del Reglamento a la Ley que entre las funciones y atribuciones de la BNEE, invita a la “elaboración de los lineamientos y normas técnicas específicas para las bibliotecas del país” junto al ente rector. El andamiaje normativo que debe desarrollarse desde el MCYP corresponde a la Subsecretaría de Memoria Social (SMS-MCYP).

El actual organigrama del Ministerio ubica a la SMS-MCYP como uno de los cuatro procesos sustantivos que apoya la labor del Viceministerio, su estructura es similar a la de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural: es decir, se compone de una Dirección de Política Pública y una Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Gestión. Anteriormente, en los orígenes del Ministerio, la estructura organizacional de la SMS-MCYP mantuvo por unos años las Direcciones de Museos, Archivos y Bibliotecas, respectivamente. Una base ideal para desarrollar los llamados “repositorios de la memoria social”, pero que desafortunada y paradójicamente fue desechada con la aparición de la LOC.

En anteriores gestiones, con la existencia de una Dirección de Bibliotecas en la SMS-MCYP, y aun cuando muchos de los procesos se llevaron a cabo de forma aislada y desarticulada, se hicieron pensando en iniciar ciertos avances hacia el desarrollo de las bibliotecas. Entre el año 2010 y el 2016 se contabilizan al menos 9 actividades y proyectos bibliotecarios desde el ente rector (Garrido T., 2017), 4 de ellos enfocados a procesos técnicos de la Biblioteca Nacional y algunos otros en territorio entre los que destaca la elaboración de un “Catastro Nacional de Bibliotecas” sin mayores resultados. 

Lamentablemente, luego de la entrada en vigencia de la Ley y el Reglamento esta Dirección de Bibliotecas fue suprimida en 2018 y tal como revela Ana Borja, ex trabajadora de la Subsecretaría y actual presidenta de la Asociación Nacional de Bibliotecarios “Eugenio Espejo” – ANABE, luego de esta decisión la SMS-MCYP se quedó sin profesionales de bibliotecología (Altamirano, 2021, p. 364). Un problema de vieja data en un país en el que la formación profesional de los bibliotecarios es escasa (Puente Hernández, 2013, p. 48). Es quizás por esta razón que mucha de la gestión en esta Subsecretaría se ha musealizado -si cabe el término- dejando de lado durante muchos años la producción de lineamientos, objetivos y normativas tanto para el sector de bibliotecas como el de archivos.

Además, las veces que esta dependencia ha generado documentos técnicos que se supone han de ser vinculantes para el desarrollo de todas las bibliotecas a nivel nacional, no sólo que la terminología apunta a procesos museísticos sino que también se atomiza y circunscribe única y exclusivamente a las unidades de información (archivos, bibliotecas y museos) de la Red del MCYP. Un ejemplo de ello lo es la “Norma Técnica para el Manejo y Gestión de los Bienes Culturales y Patrimoniales de la Colección Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador”, publicado mediante Acuerdo Ministerial No. DM-2020-064 de junio de 2020. Resulta realmente inaudito que un esfuerzo técnico de estas características, que incluye protocolos y manuales subyacentes, se centre solamente en los museos y EOD administrados por el Ministerio (art. 2, ámbito de aplicación); y más aún, cuando no existe una política pública, unas directrices, unas líneas estratégicas, articuladas con todo el sector.

Preocupa sobremanera que exista una Subsecretaría que, luego de eliminar sus direcciones de archivos, bibliotecas y museos, cuenta con una Dirección de Política Pública pero que a la fecha no genera una sola línea estratégica de acción con relación a las Bibliotecas. Inexplicable, por decir lo menos, cuando en gestiones anteriores ya se manejaba entre los equipos técnicos algunos puntos claves para el desarrollo de una política pública nacional específica para bibliotecas. En un post publicado por Ailé Filippi (2013) se da cuenta de la existencia de una propuesta que inició en 2010 la Subsecretaría de Patrimonio Cultural y que continuó la de Memoria Social en el período 2011-2012, y que puntualiza una hoja de ruta:

Política 1: Gestión para el desarrollo, integración y mejoramiento del sector bibliotecario del país.

Política 2: Democratización y libre acceso a la información, conocimiento, pensamiento y cultura a través de las bibliotecas.

Política 3: Fortalecimiento del talento humano.

Política 4: Mejoramiento de la infraestructura de bibliotecas a través del Plan Nacional.

Política 5: Automatización de la gestión bibliotecaria.

Política 6: Desarrollo de estrategias pedagógicas para la comunicación y difusión de los contenidos y servicios de las bibliotecas.

Política 7: Conservación de colecciones bibliográficas.

Política 8: Establecer el marco jurídico para la gestión bibliotecaria.

¡Amplia, coherente, multisectorial! He allí una alternativa que desconocemos por qué no fue puesta en práctica, sobre todo si llevó años de trabajo dentro del propio Ministerio. Más allá de los cambios estructurales en la administración de la SMS-MCYP y el desfile de autoridades, es incomprensible la amnesia técnica resultante y la incapacidad de generar políticas con tan importantes antecedentes.

Otra hoja de ruta la marcaba el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra, que en su objetivo general incluía el “Fortalecimiento bibliotecario” como uno de sus tres ámbitos fundamentales “orientado a mejorar las capacidad[sic] técnicas de las bibliotecas, la sensibilización y capacitación de los bibliotecarios y profesionales en mediación lectora”, y contemplaba las siguientes líneas de acción:

 

    1. Organizar y activar la Red Ecuatoriana de Bibliotecas del Ecuador.
    2. Promover la creación de la carrera de bibliotecología, en alianza con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt).
    3. Reformar el reglamento en torno a la figura del libro como “bien público” para que la responsabilidad de las obras prestadas recaiga sobre el usuario y no sobre el bibliotecario.
    4. Crear el carné único y universal que sirva para préstamo de libros en cualquier biblioteca del país.
    5. Convertir a las bibliotecas en espacios de encuentro de la comunidad, con oferta de lecturas lúdicas (noches de cuento y chocolate, actuación de cuentacuentos, actores, titiriteros, autores), cine-foro, centro de exposiciones.

Algunas ideas positivas que en estos cuatro años del Plan Nacional del Libro no han podido ser materializadas, en gran medida por la ausencia de una política pública articulada. Hace poco más de un año lo resumió Liset Lantigua, escritora y ex coordinadora de la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas, en una entrevista (Garcells Cordón, 2020b): “Hay que generar política pública para la lectura, y hay que trabajar para mejorar las bibliotecas, entender que son espacios clave en el circuito del libro porque sin ellas no hay lectores que compren libros y no tiene sentido publicar” (subrayado propio).

Por situaciones como las descritas es que -y con sobrada razón- algunos actores han planteado la pregunta acerca de si verdaderamente sirve tener un Ministerio de Cultura (Montalvo, 2019). No obstante, otros grupos de interés del sector cultural reconocen la necesaria institucionalidad (Varas, 2020) para conducir la gestión pública cultural en el Ecuador. 

Sea lo que se decida en el futuro cercano, con relación a la cultura y las bibliotecas, existen algunas experiencias en la región iberoamericana acerca de la estructura institucional que sostiene la política cultural. Tal es el caso del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Chile (sucesor de la famosa Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos – DIBAM), así como también de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura de España, ambos dependientes de sus Ministerios de Cultura en sus respectivos países, por solo citar par de ejemplos. Buenas prácticas que pueden perfectamente conocerse a través de asistencias técnicas desde plataformas regionales como CERLALC, Iberbibliotecas o la misma OEI.

Mientras no ocurra un cambio sustancial en la manera en que se viene manejando la política cultural a lo interno del ente rector, desgraciadamente, los resultados seguirán siendo los mismos. Instituciones como la Biblioteca Nacional, bibliotecas públicas, comunitarias, universitarias, escolares, especializadas, entre otras, que desde la mística de la profesión y la vocación de servicio tienen clara su misión, más no así una visión que apunte a una planificación estratégica, con lineamientos, objetivos y normativas suficientes para alcanzar su integración y desarrollo como entidades intermediarias de la información en esta era de la Sociedad del Conocimiento.

Una Biblioteca Nacional del encuentro ciudadano

Recientemente, en la presentación de los primeros 100 días de gestión del nuevo gobierno la Ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca, fue consultada acerca de la definición de las políticas públicas del SNC. A lo que ha contestado indicando que en los próximos 90 días se decidirán las medidas concretas de las políticas y que las mismas se están trabajando con cada sector.

Presentación de los primeros 100 días de gestión de la Ministra de Cultura y Patrimonio. Fuente: Facebook MCYP

En su presentación, la Ministra Machuca se ha referido también a que desde el “Gobierno del Encuentro” se está trabajando en la reubicación de los fondos bibliográficos y documentales de la Biblioteca Nacional y en la digitalización y modernización de los museos, archivos históricos y bibliotecas. Se desconoce el alcance de estas premisas. Sin embargo, el nuevo presidente de la CCE ha dado algunas luces acerca del traslado de las colecciones de la BNEE, que todavía se encuentran en los espacios de la sede nacional de la Casa de la Cultura.

En varias entrevistas, Fernando Cerón, el nuevo presidente de la sede nacional de la CCE, ha manifestado que en base a lo que establece la LOC y de acuerdo a una visión nacional de la gestión va a haber “una transición ordenada e importante” hacia un modelo de bibliotecas en todo el país que trabajen en red, con una política nacional de fomento de la lectura, y entregando finalmente la mayor cantidad de fondos a la BNEE especialmente el FER2 como uno de los últimos y que está en proceso de verificación para su próximo traslado. 

Por primera vez, desde que se dio inicio a la transición institucional de la BNEE, una máxima autoridad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana reconoce lo establecido en la normativa legal vigente (con especial énfasis en la Disposición Transitoria Primera de la LOC) y le da la importancia que reviste un proyecto país como el que representa la Biblioteca Nacional. Y además, deja abierta la posibilidad -totalmente viable- de trabajar en conjunto con el MCYP en una política nacional de fomento a la lectura desde las bibliotecas.

Es una oportunidad única para la actual gestión gubernamental del ente rector de la cultura y el patrimonio (sobre todo si -como se rumora- dejará de existir el Plan Nacional del Libro). Por una parte, completar la tarea de darle un lugar más que merecido a la Biblioteca Nacional del Ecuador, y por otro lado, aprovechar el momentum político para resetear la tan diezmada política pública cultural de la nación a través de acciones bien puntuales. Siendo particularmente notable para el sector de bibliotecas el acercamiento que en un principio ha habido con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), el que ya existe tanto con la nueva administración de la sede nacional de la CCE como con el Ministerio de Educación (ME) y el que debe existir con todo el sector universitario.

Esta agenda abierta de acercamientos con estos actores clave puede reimpulsar la conformación de la Red Nacional de Bibliotecas, de acuerdo a lo que establece la Ley (art. 40), su Reglamento (art. 37) y el Estatuto Orgánico (Título II para la Biblioteca Zonal y Título III para la Biblioteca Local), al aglutinar en base a parámetros comunes con un enfoque de servicio a las bibliotecas públicas y comunitarias (administradas en su mayoría por los GADs –Disposición Transitoria Vigésima de la LOC– y en el que puede jugar un papel vital la experiencia de la CCE y del MCYP), a las bibliotecas escolares (bajo la competencia del ME) y a las bibliotecas universitarias y de investigación (las mejores estructuradas), se puede ejecutar una política nacional de lectura, configurar un Comité Coordinador (exigido por la Ley) y formalizar con sus representantes la integración definitiva de la Red. Desde luego, todo esto pasa por la necesaria generación de una política pública integral y la emisión de una normativa específica por parte del ente rector que debe elaborar la SMS-MCYP junto a la BNEE.

Así también, una vez conformada la Red Nacional de Bibliotecas el ente rector debe emitir una normativa que indique cómo debe desarrollarse la distribución del Depósito Legal (art. 36 Reglamento LOC). No obstante, visto el alcance que tiene en la Ley y su Reglamento es fundamental crear una norma vinculante que amplíe el campo de acción procedimental y deje mucho más claras las reglas de juego del depósito legal a los grupos de interés del sector editorial. Al respecto, se cuenta en la región con las “Recomendaciones para la actualización de las normas sobre depósito legal en América Latina” (2019) publicado por CERLALC, el mismo organismo que tiene en su sitio web un repositorio de la legislación sobre depósito legal en Latinoamérica.

Y hay que ir mucho más allá, el marco legal vigente sobre las bibliotecas termina siendo limitado. Por ello, es importante que el sector bibliotecario ecuatoriano impulse la creación de una Ley General de Bibliotecas y de ser necesario participe en la reforma al Reglamento a la LOC (si llega a materializarse). Para esto es fundamental la movilización de los gremios profesionales y/o asociados, que localmente están representados por la ANABE. En la región, igualmente CERLALC ha generado un documento de referencia en legislación bibliotecaria: el “Modelo de ley para el fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas” (2011), que responde a la necesidad de fortalecer la base legal y la institucionalidad de las bibliotecas en América Latina.

Estas y muchas otras medidas urgentes sumarían a favor del establecimiento institucional de la Biblioteca Nacional como principal repositorio de la memoria bibliográfica y documental del país y como entidad rectora de las bibliotecas en todo el territorio. Pero, para llegar a cumplir ese cometido hay una preocupación medular. 

Mientras las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica funcionan en promedio con más de 200 personas (ABINIA, 2019) el Ecuador es el país de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica – ABINIA con la menor cantidad de personal (13) que trabaja en su Biblioteca Nacional. Además, como se desprende de un estudio técnico elaborado por la extinta Dirección de Bibliotecas de la SMS-MCYP contrastado con el número de personas que actualmente trabaja en la BNEE, la que debiera ser la principal biblioteca del país funciona apenas con el 30% del personal mínimo requerido (Altamirano, 2021, p. 365). Con el agravante de que los contratos ocasionales de los pocos servidores públicos que hacen parte de la institución vencerán al cierre de este año sin opción a renovación, por lo que muy probablemente se perdería así la valiosa experiencia de los equipos técnicos, se pondría en riesgo la continuidad del proyecto y quedaría en evidencia la inestabilidad laboral que sufren los trabajadores culturales.

Hace pocos días, el presidente de la República Guillermo Lasso presentó al país el Proyecto de Ley de Urgencia en Materia Económica: Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que no contempla una medida inmediata en el caso específico de los contratos ocasionales del sector público más allá de los “contratos individuales de trabajo alternativos”. Asimismo, el gabinete del Gobierno del Encuentro ha presentado el “Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025”, el plan nacional de desarrollo de su gestión pública. Si bien es cierto que el Plan no contempla un eje particular para el sector cultural, el segundo objetivo del eje económico plantea la ejecución de políticas y el cumplimiento de metas que incluyen a las actividades culturales y la puesta en valor del patrimonio. Esperemos que los responsables de formular, ejecutar, monitorear y evaluar las políticas culturales tengan ahora sí las herramientas necesarias para dibujar un camino a seguir por las bibliotecas.

De momento, se busca una Biblioteca Nacional para el Ecuador. El único país de Iberoamérica sin una Biblioteca Nacional establecida, a pesar de las credenciales históricas e institucionales que le sostienen. Una Biblioteca Nacional que esperanzada en la culminación de la movilización técnica de sus colecciones a su nueva sede, pueda encontrar su lugar como una institución relevante para el imaginario social y la planificación gubernamental, y al mismo tiempo logre convertirse en un espacio pleno para la información, la educación, la cultura y el encuentro ciudadano.

Fuentes consultadas:

ABINIA (2019). Diagnóstico situacional de las Bibliotecas Nacionales Iberoamericanas. Informe técnico presentado en la XXX Asamblea General de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica – ABINIA en Lima, Perú en octubre de 2019 [Documento de trabajo].

 

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Por: Renny José Granda

Licenciado en Bibliotecología por la Universidad Central de Venezuela – UCV (2007), Profesor invitado por la Escuela de Bibliotecología y Archivología, UCV (2015-2016), Especialista en Gerencia Pública (2017). Hizo parte del proyecto de transición institucional de la Biblioteca Nacional del Ecuador “Eugenio Espejo” (2017-2021), en el que se desempeñó como bibliotecario, coordinador de la Unidad Red Nacional de Bibliotecas y responsable del seguimiento técnico por el punto focal Ecuador ante el Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas – Iberbibliotecas.

 

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