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Acceso abierto a la información oficial: un derecho y un deber innegable

En la denominada sociedad de la información y del conocimiento en la que caminamos y navegamos hoy en día, una democracia realmente participativa debe tener como uno de sus principios fundamentales brindar acceso abierto de manera transparente, oportuna, pertinente y ágil a la información que produce la administración pública, con el fin de generar una conciencia colectiva del ciudadano, bajo una opinión pública informada, amplia y responsable, con sentido crítico, creativo y constructivo de su condición civil. Bajo estas premisas, ¿sería posible hablar de democracia, transparencia y participación ciudadana sin tener acceso abierto a la información oficial?

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El derecho a la información está consagrado, desde 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en su artículo 49 se estipula su consideración como demanda social. Martín González (2007, p. 53), comenta que en la actualidad, la expansión de la democracia como modelo de organización social constituye el marco en el que se desarrolla el mencionado derecho a la información y de acceso a la documentación oficial. La democracia se ve reflejada en el momento que el ciudadano es partícipe de la realidad social y política en la cual se ve comprometido, de hecho para los griegos la palabra democracia designaba la participación del pueblo, el cual era el conjunto de los ciudadanos.

La esencia de la democracia consiste en el derecho del pueblo a designar y a controlar las acciones de los gobiernos, así que cabe preguntarse ¿cómo es posible participar o controlar las acciones del gobierno si el pueblo no puede acceder a la información que gestiona y producen sus gobernantes?

La información oficial es toda aquella información grabada en un soporte documental, físico o digital; recibida, gestionada y producida por las instituciones gubernamentales de un país en el ejercicio de sus funciones administrativas, financieras, contables, judiciales, científicas, culturales o informativas; que es del interés de todos los ciudadanos y cuya producción ha sido financiada total o parcialmente con fondos públicos. De manera que la información oficial, desde una perspectiva general, es toda aquella información que sirve al ciudadano. Por ende, es un recurso clave para el bienestar social, progreso cultural, político y económico de las sociedades.

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Es normal escuchar que democracia es el autogobierno del pueblo, mediante representantes que son elegidos por el pueblo y aceptan el carácter transitorio de su poder, ejercido según las reglas definidas en la carta de navegación constitucional de cada país, entonces cabe preguntarse de nuevo ¿por qué los gobiernos no garantizan el acceso abierto a la información oficial, si la mayoría de constituciones y tratados internacionales definen el acceso a la información como un derecho fundamental?

Una democracia realmente comprometida se debe preocupar en generar una ciudadanía activa que se interese en las realidades y problemas de su barrio, ciudad y país, por tal motivo los ciudadanos deben estar constantemente informados de manera oportuna y pertinente de los procesos adelantados por la administración pública, con el fin de que los ciudadanos participen en la construcción de su sociedad y ejerzan su obligación y derecho de generar salidas pertinentes al desafío social de su tiempo.

Ahora bien, es importante señalar que la información oficial tiene un papel protagónico en la mediación de relaciones entre el gobierno y sus gobernados. La información puede actuar como el Hermes griego de nuestros tiempos que sirve de puente para que el ciudadano pueda ejercer otros derechos y obligaciones. Su esplendor se hace más visible en el momento que posibilita el derecho a la participación ciudadana, a la transparencia administrativa y a la vida en un Estado Social de Derecho. Además, el acceso abierto a la información oficial evita las cadenas a las cuales se han visto sujetas las clases populares debido a la monopolización de la información por grupos de presión, sectores políticos, económicos, intelectuales y por su puesto por el mismo Estado. Así, por ejemplo, el acceso a la información oficial se podría entender como una auténtica obligación y deber de las Administraciones Públicas, como un fin en sí misma.

Para nadie es un secreto que todo ser humano necesita de la información para comprender y fortalecer sus procesos de aprendizaje y comprensión del entorno en el cual se desempeña, por consiguiente ¿cómo comprender el entramado estatal si se desconoce su información? Es por eso que el Estado en su plenitud debe ser como ese ejemplar padre que da la vida por sus hijos -los ciudadanos- y les brinda las herramientas necesarias que le permiten comprender ese mundo desconocido y mimético de la política, cuidando que su hijo no caiga en la enfermedad de la corrupción.

La experiencia social y política (la experiencia de ser ciudadanos) tropieza con otro problema que es evidente cuando el ciudadano encuentra dificultades y no puede acceder de manera abierta a un caudal suficiente y pertinente de información sobre la realidad histórica, inmediata y propia de sus gobiernos de turno y de la comunidad local en la que se mueve. Información que habría de articularlo en relaciones más firmes y duraderas con su gobierno, que le brinde confianza y tranquilidad de sus gobernantes. Por ende, la información oficial es una herramienta apta para conocer la gestión pública, pero en la actualidad es posible preguntarse ¿será qué es eficiente y eficaz la difusión y el acceso a la información oficial? o ¿será qué a los ciudadanos les interesa tener acceso abierto a la información oficial?

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El acceso a la información oficial posibilita que el gobierno mantenga un debate y diálogo nutrido con sus gobernados promoviendo una ciudadanía activa que descubra una nueva cultura de la acción pública y adquiera una verdadera autonomía y responsabilidad ciudadana. Un pueblo aislado y distante del accionar de su gobierno sufre de una disminución de su actividad cívica, así que el gobierno debe preocuparse por establecer las condiciones para que los ciudadanos sean no sólo “participantes”, sino verdaderos actores de su sociedad, eso se puede lograr mediante el acceso abierto a la información oficial.

Posibilitar este derecho implica un papel distinto de la Administración Oficial: que evite “actuar en lugar” de los ciudadanos, sino más bien en ser “mentor” de la acción: facilitando la interrelación de los actores. De ahí la necesidad de estar constantemente escuchando iniciativas que busquen crear sinergias ciudadanas que conformen redes humanas. Esta concepción de participación ciudadana que brinda el acceso a la información permite situar al ciudadano en el centro, permitiéndole partir de sus iniciativas y lograr una “autonomía” más real. En algunas ocasiones los gobiernos de turno se han preocupado por este tema, pero si se profundiza es posible detectar que esa intensión no sobrepasa la línea de sólo mejorar la imagen que la ciudadanía tiene de él y cambiar la percepción que la opinión pública tiene del gobierno de turno. (González, 2007: 40).

Se comprende así que en ésta nueva sociedad de la información y del conocimiento, la principal materia prima utilizada en los actuales modelos de producción utilizados por las sociedades ya no es la tierra, ni tampoco lo son las máquinas, el papel protagónico es ahora para la información, luego quien la controla tiene las riendas de las sociedades. Es por ello que en el ámbito del sector público, la información debe constituir un recurso vital y el máximo aprovechamiento del mismo exige la interrelación y coordinación de los focos que la producen y la utilizan.

Con todo lo anterior, ¿sería posible hablar de democracia, transparencia y participación ciudadana sin tener acceso abierto a la información oficial?

Bibliografía

  • González, L. “El derecho de acceso a la información en la constitución Europea”. Martín, Y. (Ed.) La información en la Unión Europea: política, sistema y redes. Salamanca: Aquilanfuente, 2007.
  • Martín González, Yolanda. El acceso de los ciudadanos a la información y documentación administrativa de la Unión Europea. En: Códice. Revista de la facultad de sistemas de información y documentación. Vol. 3, No. 2 (Jul. – Dic. 2007); p. 51 – 65.

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Wilson E. Colmenares M.  Profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística. (Colombia). Interesado en las variables, fenómenos y relaciones que se producen entre la #Información, la #Política, la #Ciencia y la #Web, desde la iniciativa de #Acceso_Abierto Sitio web: https://sites.google.com/site/wilsofo  –  Twitter: @wilsofo – Correo electrónico: wilsofo@gmail.com

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Comments

  1. By Belén Scarcella

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